El oficialismo y sus bloques aliados se preparan para votar una ley clave que podría dejar a Cristina Fernández de Kirchner fuera de las próximas elecciones.
Este miércoles el PRO, La Libertad Avanza, la UCR y parte de la Coalición Cívica apuntan a que Diputados trate el proyecto de Ficha Limpia, pero la sesión podría postergarse por falta de quórum.
Los bloques convocantes deben lograr 129 diputados nacionales sentados en sus bancas para abrir el recinto de la Cámara Baja. Y de lograr el quórum reglamentario, todo cambio a las leyes electorales necesita la mayoría calificada del cuerpo, 129 votos afirmativos.
Las razones de una posible sesión caída se deben a la indefinición sobre el debate del Presupuesto 2025, lo que genera incertidumbre del acompañamiento legislativo a la sesión especial solicitada. El bloque de Innovación Federal, con terminales en los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro, no estarán presentes en el Congreso Nacional. Son ocho diputados menos a la construcción de mayorías que el PRO, la UCR, los libertarios y los “lilitos” no alcanzan con la ayuda de otras bancadas.
Los doce diputados de Democracia para Siempre, los radicales críticos que preside Pablo Juliano, solo bajarán al recinto si los convocantes logran el quórum y abren el debate.
El dictamen de mayoría, firmado por el PRO, La Libertad Avanza, La CC y la UCR prevé que no podrán ser candidatos los condenados por los delitos contemplados de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios, empleados y encubrimiento.
La iniciativa impide a los políticos con condena por casos de corrupción ser candidatos a cargos nacionales. El proyecto apunta para que la inhabilitación de candidatos sea “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior”. La norma, de aprobarse también por el Senado, alcanzaría a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La disidencia parcial de la Coalición Cívica con las firmas de Juan Manuel López y Paula Oliveto expresa que, “la ficha limpia implica un avance institucional, puesto que evita que los cuerpos legislativos incorporen integrantes cuyas conductas previas hayan sido cuestionadas judicialmente y que, por lo tanto, lejos de dignificar al cuerpo, lo deslegitimen ante la sociedad cuyos intereses debieran representar y defender”. “Ahora bien, creemos que, a diferencia de lo previsto en este dictamen, la prohibición de ser candidato debe regir desde que exista condena penal en cualquier instancia del proceso”, agregaron.
Desde Democracia para Siempre, el bloque del radical Juliano, señaló que, en principio, votará el dictamen en minoría que presentó el diputado Fernando Carbajal, quien al momento de las firmas señaló que “la ley que plantea el dictamen de la mayoría es insuficiente, no responde al concepto de ficha limpia, limita el universo de delitos”. En su dictamen solicitó la ampliación de delitos para no ser candidato, más allá de los delitos por corrupción.
Unión por la Patria expresó que la ley se encuentra “en abierta colisión con la Constitución Nacional”, por incluir impedimentos para ser candidatos electivos a quienes no cuentan con sentencia condenatoria firme.
“Estos proyectos han sido pomposamente denominados ‘ficha limpia’. Sin embargo, existen argumentos suficientes para sostener que no son otra cosa que la pretensión de introducir modificaciones a lo ya establecido en el Código Penal de la Nación y en el Código Electoral de la Nación, pero esta vez violando los principios de nuestra Constitución y los tratados internacionales con rango constitucional”, sumaron desde el bloque UxP. El dictamen de este espacio implica que la condena debe quedar firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Encuentro Federal, de Miguel Pichetto, con las firmas de Margarita Stolbizer, Juan Brugge y Oscar Agost Carreño, expresaron en su dictamen que “la inhabilitación establecida en esta propuesta comenzará a aplicarse desde el momento en que exista una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia”. Y señalaron: “No obstante, esta inhabilitación cesará en caso de que la condena sea revocada o si la pena es cumplida, protegiendo así los derechos de aquellos que eventualmente sean exonerados de las acusaciones en instancias superiores. Este criterio es esencial para evitar que los procesos electorales sean utilizados como mecanismo de impunidad o como una forma de dilatar procedimientos judiciales”.
