Una alta fuente cercana a Milei, confirmó que el Gobierno está dispuesto a negociar con la oposición la ampliación de recursos para hospitales y para universidades, pero puso como condición que el mismo defina "qué otras partidas se recorta".
Se trataría de eliminar subsidios y exenciones impositivas a industrias de Tierra del Fuego y a empresas tecnológicas, entre otros sectores que por no tributar se quedan con el 4,7% del PBI. Sin mencionar los beneficios del RIGI.
En la Casa Rosada reconocen el clima de incertidumbre: "no hay manera de saber cuándo habrá dictamen y cuándo se estaría votando", dicen y especulan con que "el debate podría durar 2 meses en total en las dos cámaras. Pero el resultado no lo sabe nadie".
El ala política del Gobierno se enfoca en conseguir los votos. En la mesa chica de Milei son más duros y no descartan que el proyecto no sea aprobado y que Milei termine gobernando por decreto, con el presupuesto del 2023 redireccionado por segundo año consecutivo, sin indexar por inflación y poniendo al límite el funcionamiento del Estado.
Un funcionario cercano a Milei anticipó que la estrategia será encabezada por Espert, que convocará el martes al segundo encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Para ganar tiempo, el Senado también empezará las negociaciones en forma paralela.
La idea es que vayan funcionarios de distintas áreas a defender el Presupuesto. La semana pasada pasaron los secretarios de Finanzas y de Hacienda del ministerio de Economía, Pablo Quirno y Carlos Guterman.
Los puntos centrales de la discusión por el Presupuesto: Ajuste en Salud, Educación y las provincias
El presupuesto 2025 proyecta una recaudación total de $ 175 billones y establece que el 42,3% se transfiere de forma automática a la Nación y 54,7% a las provincias. Proyecta una inflación anual del 18,3%, un crecimiento del 5% del PBI, superávit primario y equilibrio financiero.
Pero a pesar del escenario macroeconómico positivo, anticipa una caída de 0,3% para las partidas de Educación y Cultura, y una baja del 4,5% de las universidades y con la emergencia declarada en la Ley Bases, Milei busca suspender el artículo 9 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional, que obliga al Estado garantizar un gasto del 6% del PBI para la Educación.
A modo de chicana, el Gobierno reclamará auditorías a las universidades para que explique en qué usan los recursos. Y amenaza con dejar de transferir a aquellas que no rindan cuentas en tiempo y forma, lo que pondría en riesgo su funcionamiento.
La discusión del Presupuesto tendrá otro capítulo fuerte cuando se trate el ajuste que prevé Milei para las provincias.
Después de pedir a los gobernadores que hagan un ajuste de $ 60.000 millones para llegar al 25% del PBI, el Gobierno prevé una caída de US$ 5.000 millones de transferencias para las provincias. Eso disparó nuevos reclamos de los mandatarios provinciales por la eliminación de asignaciones específicas como el 11% de IVA, los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles y el componente impositivo del Monotributo que se asigna a la Seguridad Social.
Con la estrategia de advertir que su aprobación será un punto de inflexión para la gobernabilidad, el presidente ya advirtió que quienes se opongan, serán acusados de desestabilizar al Gobierno e impulsar un golpe de Estado.
